La reciente polémica sobre las fotomultas en Chaco volvió a abrir una grieta entre quienes ven en los radares una herramienta de prevención y quienes los presentan como un “negocio recaudatorio”.
01/11/2025
AGENCIA 106 PLUS
Sin embargo, detrás de los titulares hay un dato difícil de ignorar: los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte evitable en la provincia. En ese contexto, el Gobierno chaqueño sostiene que las fotomultas no son un fin en sí mismo, sino una pieza de una política integral de seguridad vial, respaldada por evidencia técnica, organismos nacionales y resultados medibles.
Un plan con base técnica
En junio de 2025, la Provincia puso en marcha un Plan Integral de Seguridad Vial que incluyó la instalación de 47 radares fijos distribuidos en 19 puntos estratégicos de 17 localidades. Cada radar, según explicaron fuentes oficiales, cuenta con cuatro tipos de carteles reglamentarios que advierten al conductor con suficiente antelación: desde señalización vertical de zona controlada hasta carteles informativos con el límite de velocidad.
Lejos de ser “radares escondidos”, como sostienen algunos abogados que promueven amparos y descargos para captar clientes, se trata de equipos fijos y visibles, cuya ubicación fue determinada por informes técnicos y avalada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Los puntos fueron aprobados y publicados en el Boletín Oficial, y la provincia realizó una campaña de difusión donde se detallaron los tramos controlados.
Desde el Ministerio de Seguridad provincial, insisten: “Hay un método infalible para evitar las fotomultas: respetar la velocidad máxima reglamentaria.”
Un problema real: siniestros recientes en las rutas chaqueñas
La defensa del sistema no es teórica. Los datos locales muestran que el tránsito en las rutas y accesos chaqueños sigue cobrando vidas:
• 20 de septiembre de 2025 – Puente Chaco–Corrientes: un choque en cadena involucró decenas de vehículos y dejó un motociclista fallecido y varios heridos.
• 30 de octubre de 2025 – Colectora de la Ruta Nacional 11, Resistencia: un ciclista murió tras ser embestido por un camión.
• 31 de agosto de 2025 – Rotonda norte de Resistencia: colisión entre vehículos que provocó la muerte de un hombre de 39 años.
• 16 de octubre de 2025 – Presidencia Roque Sáenz Peña: un motociclista perdió la vida tras ser arrollado; el conductor huyó del lugar.
• Septiembre de 2025 – Accidente múltiple en avenida Sarmiento, Resistencia: varios jóvenes hospitalizados, uno de ellos en terapia intensiva.
Estos episodios, difundidos por medios locales y nacionales, reflejan una realidad persistente: los tramos urbanos y rutas nacionales que atraviesan la provincia concentran un alto nivel de siniestralidad, especialmente por exceso de velocidad y conducción imprudente. Justamente en esos puntos se instalaron los radares.
Evidencia que respalda su efectividad
A nivel internacional, la evidencia es sólida. Una revisión Cochrane —considerada la fuente científica más prestigiosa en políticas públicas— concluyó que los sistemas automáticos de control de velocidad reducen entre 14% y 65% los siniestros viales en las zonas controladas. Otro meta-análisis del investigador noruego Rune Høye (2014) mostró una disminución promedio del 50% en choques con víctimas graves o fatales en los tramos con radares.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial argentina sostiene que una reducción del 5% en la velocidad promedio se traduce en una caída del 10% en los choques con lesionados y del 20% en los siniestros fatales. En Chaco, el Observatorio Vial provincial reportó una baja del 23% en la siniestralidad en las zonas donde se colocaron controles automáticos.
Qué dicen las organizaciones de víctimas
Las principales agrupaciones de familiares de víctimas, como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas, coinciden en que los controles son esenciales para prevenir tragedias. “Las cámaras no son para recaudar, son para que la gente respete las normas y llegue viva”, dijo en reiteradas ocasiones Viviam Perrone, de Madres del Dolor. Desde Estrellas Amarillas remarcan que los radares, junto con la educación y la fiscalización, “son herramientas que salvan vidas si se usan correctamente”.
Ambas organizaciones reclaman además campañas de concientización, mejoras en infraestructura y señalización, y controles de alcohol cero, lo que refuerza la idea de que el problema no es el control, sino su ausencia.
Entre el derecho y la seguridad
El reciente caso que generó controversia en medios —donde un abogado cuestionó la legalidad de las fotomultas y denunció supuestas irregularidades— se inscribe en un fenómeno repetido: la judicialización de las infracciones como estrategia para ganar visibilidad o captar clientes. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo provincial aclaran que los radares están debidamente homologados, señalizados y operativos dentro del marco legal.
El funcionario chaqueño Rafael Acuña, recordó que las ubicaciones fueron revisadas y aprobadas por la ANSV, y que los informes de homologación y cartelería están disponibles para consulta pública. Asimismo, en ningún caso es cercenado el derecho de defensa del infractor, ya que cuenta con la posibilidad de realizar los descargos que considere ante el Juzgado de Faltas, tanto en forma personal como online.
Una política que busca salvar vidas
Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Argentina mueren más de 4.000 personas por año en siniestros viales. En el Chaco, esa estadística tiene nombres y rostros concretos. Por eso, desde el gobierno provincial insisten en sostener la política de fotomultas como parte de una estrategia integral que combina control, educación y transparencia.
En palabras de una fuente oficial: “El objetivo no es recaudar, es prevenir. Si todos respetamos los límites, las cámaras se vuelven innecesarias. Pero mientras sigan muriendo personas por exceso de velocidad, tenemos la obligación de actuar.”
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La reciente polémica sobre las fotomultas en Chaco volvió a abrir una grieta entre quienes ven en los radares una herramienta de prevención y quienes los presentan como un “negocio recaudatorio”.
